MOVILIZACIÓN SOCIAL

Nadie puede ser contrario a la movilización social. La historia se construye a través de las mismas. ¿No fue una movilización social la que inspiró la revolución francesa? Los grupos sociales inspiran los cambios políticos y, éstos, con sus reformas legislativas adecuan las leyes a los postulados que la sociedad demanda. Lo más habitual es que cada cuatro años se renueve, o no, la confianza que se ha depositado en los políticos, siendo éste un test regulado y normalizado por unas reglas o normas que la propia sociedad ha refrendado y aceptado.

Hoy la movilización social está encabezada por grupos nacidos ante el desencanto y la falta de eficacia de las instituciones democráticas. Lo económico, la defensa de los derechos sociales que inspiran el estado de bienestar, inspiran a una una sociedad postmaterialista donde la ideología cede ante otro tipo de exigencias, los actores sociales emergen en un proceso rápido donde estas expectativas van unidas a la aparición de unas nuevas necesidades, traduciéndose de forma casi instantánea en movilización social que presiona sobre el propio sistema político. La legitimidad tradicional ya no resulta válida: ahora depende de la eficacia, de la capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades de los ciudadanos.

Siguiendo a eminentes sociólogos que estudian este tipo de situaciones (Deutsch y Lipset), cuando más se posponga el proceso de inclusión de los grupos sociales emergentes, mayores serán las expectativas de éstos, también mayor su tentación al radicalismo, y cada vez más, dependerá la estabilidad de los gobiernos y la paz social, de los resultados, medidos en términos de eficacia, en detrimento de otro tipo de legitimidad democrática.

Pero, ¿la movilización social solo se inspira en términos de eficacia? El radicalismo de muchos grupos sociales, ¿carece de ideología política? Este tipo de actores sociales, ¿son sólo activos cuando quien dirige la vida política es un gobierno contrario a las ideas de los propios grupos ? Hoy nadie puede estar ausente o ponerse de perfil ante la realidad de los españoles afectados por las hipotecas, un drama que a diario nos golpea y que nos hace cuestionarnos en muchas ocasiones la legitimidad no medida en términos de eficacia, al poner en tela de juicio el propio sistema, al identificarlo con los sectores tradicionalmente dominantes, ya sean sociales, financieros o económicos.

Lamentablemente el problema de los afectados proviene de años atrás. No es algo que haya surgido en 2012. Sin duda es consecuencia de la crisis económica y de políticas implementadas por gobiernos de uno y otro signo político. Viene a mi memoria las palabras de Carme Chacón en el año 2007, siendo ministra de la vivienda: “Vamos a agilizar los desahucios”, y para ello abordó un plan que fue presentado a aquél Consejo de Ministros. El “plan Chacón” fue aprobado en el mes de septiembre de 2007, planteando los lanzamientos rápidos como una fórmula de protección de propietarios frente a inquilinos “sistemáticos y profesionales”.

Porque era ya un grave problema a finales de 2007. Atendiendo a los datos elaborados por la Plataforma de afectados por la hipoteca, que ha visto la luz a principios del año en curso, los lanzamientos producidos entre el año 2008 al 2011 ascienden a 166.716, y hasta el tercer trimestre del 2012, son 49.702 el número de lanzamientos. Estos datos corresponden a los que son recogidos por Servicios Comunes para los periodos que estamos analizando. Si tomamos la referencia facilitada por los Juzgados de Primera Instancia, la Plataforma de afectados calcula un coeficiente multiplicador,  y estima, además, esta estadística como más acertada, arrojando un total de 286.052 lanzamientos para el periodo 2007-2011, frente a 76.724 correspondientes a los tres primeros trimestres del año 2012.

El estudio profundiza en más informaciones, como en la distribución de lanzamientos por CC.AA., siendo las más afectadas aquellas que tienen un componente mayor de segunda y/o terceras viviendas, al ser Comunidades costeras.

Queda pues acreditada la existencia de una situación que, como no podía ser de otra manera, obedece a la existencia de una profunda crisis económica y a las consecuencias de una política apalancada en el sector inmobiliario. Los datos facilitados por la Plataforma correspondientes al periodo 2007-2011 son los suficientemente expresivos como para que, conscientes de la realidad de los afectados y mostrando una solidaridad sin límites hacia ellos, podamos demandar por qué en los años del inicio y repunte de la crisis, no hayamos asistido por parte de las distintas Plataformas, a la persecución de los políticos del partido en ese momento con la responsabilidad de la acción de gobierno, lo cual no quiere decir, bajo ningún concepto, que hubiésemos respaldado dicha actuación. La hubiéramos reprobado como denunciamos las actuales acciones de “escrache” producidas.

Hoy asistimos a acciones conjuntas contra las sedes del partido en el gobierno por parte de las plataformas de afectados. Han comparecido en rueda de prensa junto con los secretarios generales de los sindicatos de clase mayoritarios, y con clara vinculación hacia los partidos de izquierda de nuestra país. Creo que ello justifica mi razonamiento: el escrache, que palabro más inoportuno, tiene su razón de ser, siempre y cuando se realice contra los políticos pertenecientes al Partido Popular, que tiene encomendada, porque así lo ha decidido la mayoría de los españoles, la acción de gobierno.

Gonzalo Moliner, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha reconocido que la actual situación de crisis económica ha aumentado el número de ejecuciones hipotecarias, situándolas a finales del 2012 en 198.076 casos pendientes. Esta cifra refleja un problema social y político. No se disponen de datos de ejecuciones correspondientes a primera vivienda, la mayoría, en palabras del Presidente del Consejo, lo son de locales de negocio, estimando la cifra de las ejecuciones en las que la garantía de las operaciones recae en primera vivienda, en un diez por ciento del total de los casos pendientes.

Todo lo que pueda repercutir en los derechos fundamentales de la persona, en sus derechos políticos y sociales, en cuanto a que se lesionen o menoscaben, merece una contestación por parte de aquellos grupos u actores sociales que enarbolen su defensa y constituya esta premisa su razón de ser. Otra cosa, muy distinta, son las formas empleadas, la intimidación, la persecución, el acoso…¿Es que no constituye dicha acción una violación de los derechos fundamentales del político perseguido? ¿El fin justifica los medios?