BASES SOCIALES DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA DESDE LA TRANSICIÓN

Es indudable que la clase social ha jugado un papel muy relevante en el proceso democrático español, fundamentalmente en lo que se refiere a la estabilidad del proceso político de la transición de la dictadura a la democracia. Las bases sociales determinaron que el protagonismo político recayera principalmente en los sectores jóvenes y moderados del régimen y de la oposición, aun cuando en el ámbito sindical, prevaleciera el sindicato que desplegó más virulencia hacia el sistema político y laboral del franquismo. El triunfo de CC.OO. no fue extrapolable al ámbito político, dándose paso a un sistema de partidos de pluralismo limitado, quedando aparcadas las posiciones de partidos más radicales.

Este pluralismo limitado sentó las bases de una modernización entendida como el tránsito de una sociedad encorsetada por la dictadura a una sociedad moderna, en la que el sistema político es el democrático, instrumento de integración social y de intereses, al que contribuyeron todos los grupos sociales, cediendo parte de sus postulados de cara a esa concertación que, aunque no decisiva en términos económicos, sí tuvo efectos en términos políticos, en concreto, en el mutuo reconocimiento y legitimación de las partes, en el proceso de constitución e institucionalización de los nuevos actores políticos y sociales.

Frente al conflicto, consenso.

En el ámbito sindical, las organizaciones sindicales asumieron unos costes derivados de la consecución de esos objetivos innegociables: superación de la crisis económica, la consolidación de la democracia y la construcción de un nuevo marco de relaciones laborales.

Tras el consenso, conflicto.

Es consecuencia de la implementación de una política económica de tinte socialdemócrata, que choca con los planteamientos de su sindicato UGT, que hasta ese momento se había posicionado con el gobierno socialista, sin obtener un rédito sustancial, abriéndose planteamientos o perspectivas de clase, entre ambas formaciones,  que conducen a la huelga general de diciembre de 1988.

La oposición al gobierno socialista la establece, más que el Partido Popular, todavía en los inicios de su cambio estratégico, los sindicatos UGT y CC.OO. que demandan y obtienen importantes medidas de tipo redistributivo, que garantizan el estado de bienestar, sin ninguna contraprestación por su parte. No olvidemos que el gobierno socialista tiene que hacer frente a importantes casos de corrupción política, recesión económica, desempleo, etc.

Se abre por tanto una perspectiva de clase, propia del estado en la sociedad capitalista siguiendo la tradición del pensamiento marxista. Frente a la idea pluralista de la estabilidad y el consenso, como elementos constitutivos de los sistema democráticos, la teoría marxista afirma justo lo contrario: la lucha de clases y las crisis económicas son situaciones normales dentro del capitalismo, los sindicatos constituyen la garantía última de defensa de los trabajadores así como depositarios finales de la legitimidad frente a las oscuras alianzas de empresarios, partidos, gobiernos, siempre dispuestos a servirse de la política para satisfacer intereses espurios.

La polarización a la que podía conducir este planteamiento se fue suavizando como consecuencia de la consolidación del estado del bienestar. Vamos a asistir a la sustitución del partido de clase por el partido de masas. Se entiende, desde esta perspectiva, que el partido socialista mantuviera un volumen de votos parecido entre 1986 y 1996, pese al desgaste de la tarea de gobierno, al conseguir reemplazar los votantes del ámbito de la producción y el mercado de trabajo, por otros nuevos procedentes de la política del bienestar. Un partido de masas tiene un carácter altamente no ideológico, que aspira a conquistar el poder representando a amplios y heterogéneos sectores del electorado. Esto no debe llevarnos a pensar que la clase social sea irrelevante, sino que hoy la clase no puede ser completamente representada por medidas únicas. El comportamiento político y electoral es un fenómeno más complejo y, por ello,  es necesario indagar en ámbitos distintos del económico y material.

La política del gobierno socialista profundizó, en lugar de las reformas, en saldar la deuda social, satisfaciendo los intereses de los adultos frente a los de los jóvenes, con la aparición de los contratos basura con la reforma laboral de 1994. En este punto podríamos hablar que el conflicto político no se ajusta a la confrontación tradicional de clases. La idea es la de una cambio intergeneracional de valores, los más jóvenes se inclinarían por valores que pondrían menor empeño en la seguridad económica, mientras que los mayores seguirían anclados en los valores tradicionales. Los votantes socialistas cambiaron de edad, son los jubilados y amas de casa su lecho de votos a costa del voto de los jóvenes.

Este cambio intergeneracional, junto con el desempleo galopante, la recesión económica, la corrupción, el incumplimiento de los parámetros para la integración en la unión monetaria, disponen a la llegada del Partido Popular. El primer gobierno, alcanza el poder con un voto clasista, establece una línea de diálogo social y de acuerdos con partidos nacionalistas, obligado por su insuficiente mayoría, y se propone como punto fundamental de su actuación, el cumplimiento de las exigencias marcadas para la integración en la unión monetaria. Con los sindicatos acuerda la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Nuevamente asistimos a una política de consenso y concertación. La política económica cabalga por la línea de la desinversión de las participaciones del Estado en empresas hasta ese momento “banderas” de la marca España.

Un nuevo desacuerdo con los sindicatos de clase y, fundamentalmente, la implicación en la guerra de Irak, provocó un giro del voto y una recomposición del electorado. En este punto, mi posición, es que los partidos políticos tienen un colchón de votantes que poco va a cambiar por muy disparatadas que puedan ser las políticas que implementen. Esto puede obedecer a distintos motivos, bien generacionales, psicológicos, etc. . Pero hay una parte del electorado, el que generalmente decide, que se moviliza, a favor de uno u otro partido, en función de programas, intereses, accidentes y escándalos políticos.

Hoy asistimos a otro tipo de clase social. La línea de clases marxista, aún manteniéndose, se ve superada por otros criterios más amplios. Cada vez se mide más la acción de los gobiernos en términos de eficacia y conveniencia. Eficacia por la irrupción de una clase media cada vez más creciente; y, conveniencia, por la existencia de un mayor número de jubilados y pensionistas que abarcan la tercera parte del electorado y que anda preocupada por las políticas que inciden en el estado del bienestar.

La eficacia, tal vez ese sea su problema, no es medible en términos objetivos, sino en función de la percepción de los actores sociales. La legitimidad tradicional de los gobiernos ya no resulta válida: depende de la eficacia en la respuesta en las nuevas necesidades ciudadanas.

Esas nuevas necesidades y también las carencias que implican la aplicación de políticas restrictivas, se canalizan a través de una serie de actores que instarán a un nuevo proceso de cambio social. En esos grupos se produce una mezcolanza de clases sociales que tratarán, mediante la movilización social, la defensa de sus posiciones y el reconocimiento de sus derechos sociales, pero corren el riesgo de que irrumpan en su seno actores politizados que se movilicen en función de sus intereses partidistas, cuando ha quedado suficientemente acreditado que, cuando estuvieron en el gobierno, sus intereses caminaron por derroteros diferentes a los que hoy proclaman y defienden en el seno de esos nuevos actores sociales.